El concepto de compliance ha cobrado mucha relevancia dentro de la cultura empresarial. Este vocablo inglés hace referencia al conjunto de procedimientos y buenas prácticas que hemos de implantar y seguir en las empresas a fin de prevenir, gestionar y controlar cualquier riesgo. Algo que también es extensible a las administraciones públicas, si bien la adaptación en este caso es diferente.
¿Qué son los sistemas de gestión compliance?
Un sistema de gestión compliance es el conjunto de reglas que imponemos dentro del marco de la empresa con el objeto básico de ajustarnos en todo momento al cumplimiento normativo, tanto a nivel interno como externo.
Es precisamente el primero de esos niveles, el interno, el que viene destacando en los últimos tiempos. Más allá de ajustarnos a las normas vigentes en casa sector, conviene velar también por establecer unos parámetros propios que busquen un mejor rendimiento dentro de la propia empresa.
¿Cómo se aplica en las administraciones públicas?
La figura del compliance es claramente identificable para el sector privado. En cualquier empresa, independientemente de su tamaño, debemos atender al cumplimiento de todas las normas y leyes vigentes en cada caso. Sin embargo, es algo más difuso cuando se trata de administraciones públicas. ¿Cuál es el modo correcto de aplicarlo en este sector?
De antemano, puede parecernos un contrasentido. Y es que el propio sector público es quien determina las normas por lo que, en cierta medida, se da por hecho que va a ajustarse a lo previsto en ellas convenientemente.
Sin embargo, los recientes y frecuentes casos de corrupción que hemos podido ver en un sinfín de organismos han dejado por los suelos la reputación de gran parte de los actores del sector público. Ante esta situación, la desconfianza por parte de la ciudadanía se ha generalizado.
El compliance en el sector público ha pasado así de ser una virtud a convertirse en una necesidad. Es conveniente que desde estos organismos se implementen las técnicas y políticas necesarias para lograr superar su crisis de legitimidad y credibilidad.
Mejorar la contratación pública
Uno de los pasos más frecuentes es el de hacer más transparente la contratación pública. Este ha sido siempre uno de los caballos de batalla del sector, debido a malas prácticas que se encaminaban a otorgar determinados puestos a familiares o amigos.
Se iba más allá de la contratación «a dedo», prevaricando en favor de personas a las que se facilitaban, por ejemplo, respuestas a preguntas de exámenes de plazas por oposición. Quien más quien menos, todos conocemos algún caso de este estilo.
Esta lucha aboga también por prevenir y perseguir casos de prevaricación o corrupción. Asimismo, también se promulga una mejora en la calidad de los servicios prestados por los funcionarios, aspecto del que los ciudadanos podemos vernos claramente beneficiados.
En definitiva, las administraciones públicas han de hacer un esfuerzo por incluir en su organización las técnicas y premisas de compliance. Si bien el objetivo último de estas no será el mismo que el de las empresas privadas, sí que se ven obligadas a reforzar su legitimidad de cara a la ciudadanía, promulgando su integridad y su honestidad.
