Brexit es la palabra más popular de 2016. El referéndum por la salida de Reino Unido de la Unión Europea ha acaparado la atención informativa del primer semestre del año. Además, resulta evidente que este histórico proceso no constituye un tema de interés únicamente británico.
El Derecho español de las nuevas tecnologías tendrá que ocuparse de las consecuencias del abandono británico de la Unión Europea, por lo que la preparación para sus efectos, tanto por parte de las instituciones públicas como de las empresas privadas, va a compartir consultas informativas con cuestiones de ámbito nacional (tales como las relativas a la LOPD y LSSICE). Recurrir a los servicios de una consultoría de protección de datos puede ayudar a afrontar esta nueva coyuntura.
La adaptación al nuevo estatus
El brexit supondrá una reestructuración en las relaciones de Reino Unido con la Unión Europea y los Estados que forman parte de ella. Hasta que se haga efectivo el abandono (pueden transcurrir todavía, prácticamente, 2 años), estas relaciones permanecen en un estatus de provisionalidad, caracterizado por el mantenimiento de las normas que las han regido hasta el momento.
Resulta notorio que las partes se están preparando para abordar los cambios que se producirán en dicho estatus. En este sentido, el tráfico de datos constituirá una excepción, por lo que han trascendido las cábalas acerca de cómo operarán las organizaciones que manejan datos entre Reino Unido y la UE.
Como en otros ámbitos, se prevé que el brexit añadirá un plus de complejidad al acervo existente en la materia. Hasta ahora, regían las normativas aplicadas por la UE, las cuales tienden a ser más estrictas que las que manejan terceros países ajenos a ella. Por ejemplo, el rigor comunitario, en este aspecto, está detrás de la invalidación del acuerdo Safe Harbour con Estados Unidos y de las negociaciones para llegar al actual Privacy Shield.
Nuevas posibilidades
Son diversas las opciones que se abren ante Reino Unido para renegociar su tráfico de datos con la Unión Europea. Por una parte, en la línea del incremento de la soberanía que persigue el brexit, Reino Unido puede impulsar una ley propia de protección de datos. No obstante, también puede llegar a un acuerdo con la UE, similar al que esta mantiene con Noruega. De manera que, pese a no pertenecer a la UE, se le aplique la normativa europea de protección de datos.
Hay que recordar, por otro lado, que la UE solo permite el tráfico de datos de sus ciudadanos hacia 11 países cuyos estándares de protección de datos considera adecuados. Reino Unido ha mantenido, históricamente, posiciones más laxas que la UE, por lo que respecta a la protección de los datos personales. Adoptar unas posiciones homologables a las comunitarias contribuiría a que no hubiera problemas, por ejemplo, con el almacenamiento de datos por parte de empresas como Facebook o Google.
Las consecuencias
En definitiva, los líderes de sectores como la investigación y las telecomunicaciones desean que el brexit no suponga un trastorno excesivo en sus fluctuaciones de datos, aunque ya cuentan con un incremento de las complicaciones en materia de reenrutamientos o cambios del emplazamiento de los datos.
Fuentes: ticbeat.com, ituser.com
Imagen: publicdomainpictures.net
