Una consultoría de protección de datos debe conocer a fondo todos los aspectos técnicos relacionados con el derecho de las nuevas tecnologías y su legislación, como la LSSICE y la LOPD. Uno de los elementos que juega un papel fundamental, en este ámbito, es el open data.
El open data pretende que todos, empresas y ciudadanos, puedan disponer de los datos gestionados por la administración pública, para poder generar un beneficio económico. Esto se consigue almacenando y distribuyendo estos datos en formatos fáciles de manipular, de manera que su análisis y redistribución estén al alcance de cualquier usuario. El open data implica siempre el uso de estos datos, en formato libre y sin tener que hacer ningún pago por ello.
Con la aplicación del open data, se consigue un doble objetivo: una mayor transparencia de la administración pública y la gestión inteligente de sus recursos, orientada a la creación de negocio, por parte de empresas que actúan como ‘reutilizadoras’ de esta información.
Las empresas, el ciudadano y la propia administración pública son algunos de los beneficiados por el open data. Su aplicación representa un interesante nicho económico para aquellas empresas que buscan trabajar en el mercado de los contenidos digitales y crear servicios y aplicaciones.
Desde el punto de vista del ciudadano, el open data es una oportunidad para participar y colaborar en la administración pública. La información de la administración que se puede usar para crear servicios y aplicaciones genera nuevos puestos de trabajo y, además, valores sociales que mejoran la vida de los ciudadanos.
Finalmente, la administración pública también se beneficia del open data, ya que su servicio público avanza con los nuevos contenidos generados. Además, su aplicación también facilita el intercambio de datos entre administraciones, lo que mejora su funcionamiento.
En definitiva, el open data implica una evolución social y económica que beneficia la calidad de vida de cualquier sociedad.
