Diversas denuncias alertaban sobre una posible fuga de datos personales en la autoridad portuaria santanderina, algo que investiga hoy en día la AEPD.
El seguimiento que las diferentes entidades administrativas deben de tener en la llevanza y custodia de los datos personales que obran en sus ficheros debe de ser modélico. Máxime cuando hoy en día el grueso de la población es perfectamente consciente en relación a sus derechos en materia de protección de la intimidad y los datos personales, y cada vez más hace todo lo posible por hacerlos efectivos.
Uno de los ejemplos más recientes a este respecto ha sido la denuncia presentada contra el Puerto de Santander por parte de una plataforma que agrupa a varias asociaciones cántabras de corte ecológico, denominada Deba. El motivo de esta denuncia ha sido una antigua resolución de la Autoridad Portuaria presentada a un recurso interpuesto por parte de varias de las asociaciones que componen la plataforma Deba. En dicha resolución, enviada a diferentes personas físicas y jurídicas, aparecían los datos personales de otras personas, vulnerando lo establecido claramente por la Ley Orgánica de Protección de Datos al respecto.
Enterada la plataforma Deba de este supuesto, y tras consulta a letrado y agencia de protección de datos, decidió poner estos supuestos en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos, que ha iniciado una serie de actuaciones previas destinadas a esclarecer el supuesto de la forma más precisa posible, para incoar, en su caso, el posterior procedimiento sancionador.
Al margen de esta situación concreta, la plataforma Deba venía quejándose en los últimos tiempos del mercadeo que, según ellos, la autoridad portuaria de Santander ejercía con diferentes empresas privadas en relación a los datos personales que debían de gestionar en su sede. Datos que, para Deba, eran cedidos a diferentes corporaciones con el fin de ampliar su cartera de publicidad. Sin duda un tema candente y de actualidad que habrá que seguir hasta el final.