Derecho de las Nuevas Tecnologías: la ciberseguridad y los casos Wikileaks

Derecho de las Nuevas Tecnologías: la ciberseguridad y los casos Wikileaks

El Derecho de las Nuevas Tecnologías, en ocasiones, no es respetado por parte de quienes tendrían que velar por su aplicación, es decir, los gobiernos. En España, normativas como la LOPD y LSSICE han sido creadas para garantizar la protección de los datos personales. Sin embargo, en algunas potencias mundiales, como Estados Unidos, el mismo Estado se convierte en una amenaza para ellos.

Esta afirmación puede resultar sorprendente, pero supone una de las conclusiones derivadas de las filtraciones de páginas web como Wikileaks. Entre las más relevantes que ha proporcionado el proyecto de Julián Assange, destaca, a raíz de las informaciones que facilitó Edward Snowden, la revelación de que la CIA (el servicio secreto estadounidense) se había dedicado a montar una red de espionaje que, a grandes rasgos, se valía, para obtener los datos confidenciales, de procedimientos similares a los que utilizan los hackers.

Estas técnicas, integradas en el programa Año Cero, se enmarcaban en los recursos habituales de la ciberdelincuencia, tales como los virus y los softwares maliciosos, controles remotos de equipamientos o troyanos. Además, la sofisticada tecnología e información privilegiada manejadas por la CIA sumían a los ciudadanos en un estado de evidente indefensión.

Los hackers de la agencia norteamericana estaban en condiciones de acceder a las informaciones intercambiadas a través de los nuevos sistemas de conexión con datos, tales como los teléfonos móviles inteligentes e, incluso, los televisores con acceso a Internet.

Estos aparatos, por lo tanto, acaban convirtiéndose en una especie de micrófonos de escucha. Además, se han empleado técnicas que permiten descifrar cómo encriptan las más importantes compañías de mensajería. Los dispositivos comercializados por las grandes empresas multinacionales (como Google, Apple, Samsung y Microsoft) no se han salvado de estas malas prácticas, las cuales han sido sistemáticamente justificadas en pos de su supeditación a inconfesables intereses relativos a la seguridad nacional.

El paquete de archivos filtrados contiene 8761 documentos y estos, por su parte, ya han circulado, de manera ilegal, entre antiguos proveedores gubernamentales y hackers, lo cual implica un riesgo evidente para la seguridad de la ciudadanía. Dichos documentos corresponden a operaciones comprendidas entre 2013 y 2016 y, según la versión de Wikileaks, involucran intereses localizados no solo en territorio estadounidense, sino también en Europa y Latinoamérica.

La Unión Europea siempre ha hecho gala de mayores exigencias que Estados Unidos en materia de protección de datos personales. Al hilo de las filtraciones de Wikileaks, hay que señalar que las facilitadas por Edward Snowden ya desembocaron en la cancelación del acuerdo de puerto seguro entre ambas potencias.

Por consiguiente, los recelos crecen a medida que agencias como Wikileaks acreditan, como diversos expertos en ciberseguridad reconocen, los abusos de los servicios secretos estadounidenses asociados a prácticas como el hackeo.

Ante estas amenazas con sello institucional, vale la pena recordar las recomendaciones más urgentes emanadas de cualquier consultoría de protección de datos, tendentes a reforzar la configuración de seguridad de los dispositivos electrónicos.

Por último, hay una directriz que sí resulta totalmente efectiva ante estas malas prácticas. Se trata de no compartir, por los medios citados, información sensible cuya filtración pueda suponer un perjuicio.

 

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