El convenio entre la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y AEPD

El Derecho y las nuevas tecnologías se están interconectando con mayor rapidez. Prueba de ello son leyes como la LSSICE y LOPD (origen de numerosas consultas en cualquier consultoría de protección de datos que se precie) y las colaboraciones que se están estableciendo entre determinadas instituciones. Siempre con el ánimo de facilitar trámites y ofrecer mayor seguridad. 

Es el caso, por ejemplo, del convenio firmado a finales de 2015 entre la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Se trata de dos instituciones que forman parte del aparato del Estado, por lo que es natural que se establezca entre ellas esta cooperación.

Los ciudadanos serán los principales beneficiados de este convenio, puesto que ahorrarán tiempo y dinero en los trámites destinados a garantizar la seguridad de sus datos personales.

Esta iniciativa consiste en que la AEPD pueda usar la plataforma SIR, es decir, el Sistema de Interconexión de Registros que comparten otras instancias con relevancia similar. Por lo tanto, aumentará la funcionalidad de las comunicaciones de la AEPD, tanto con los ciudadanos como con otras Administraciones. Uno de los beneficios más notables estribará en la mayor agilidad del envío y de la recepción de documentos.

[Tweet “Se ahorrarán tiempo y dinero en los trámites sobre seguridad de datos personales.”]

Esta asociación se canalizará mediante la Red SARA (Sistema de Aplicaciones y Redes para las Administraciones), la cual interrelaciona las Administraciones españolas entre sí y con las instituciones comunitarias. No en vano, su servicio abarca el 90 % de la población española. Este acuerdo, anual y prorrogable, no conlleva obligaciones económicas entre los firmantes y se enmarca en el progreso de España en materia de administración electrónica. Esta tendencia positiva se ha visto reflejada en los informes de la Red de Administración Pública de Naciones Unidas.

En definitiva, una optimización de recursos y costes que redundará en beneficio del ciudadano.

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