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Cómo denunciar un incumplimiento de la LOPD

El derecho y las nuevas tecnologías se entrecruzan frecuentemente cuando se vulneran determinados artículos de la LOPD y la LSSICE. Las necesidades por parte de los particulares de hacer valer sus derechos están propiciando sucesivas visitas a cualquier consultoría de protección de datos.

Estos servicios jurídicos se encargan de explicar a los interesados el proceso que han de seguir para que se garantice la protección de sus derechos. De la misma manera que en la justicia ordinaria se asegura la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) también garantiza la tutela de los derechos contenidos en la LOPD.

[Tweet «La AEPD garantiza la tutela de los derechos de la LOPD»]

De hecho, si se observa un incumplimiento de la ley anteriormente citada, en primer lugar cabe la posibilidad de exigir el cumplimiento (mediante aportación de fotocopia del DNI o documento equivalente) de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al responsable del fichero.

En caso de que la respuesta por parte del responsable del fichero no haya sido satisfactoria, el interesado tiene la posibilidad de solicitar el amparo de la AEPD. En este sentido, debe aportar los documentos probatorios de la negativa y recepción del modelo de petición del derecho por parte del responsable del fichero.

Finalmente, la AEPD, en el marco de la sencillez de este sistema gratuito, permite efectuar la denuncia correspondiente. Para que sea efectiva, deberán hacerse constar en ella:

-Nombre, apellidos, firma y lugar de notificaciones del interesado.

-Hechos, razones y petición.

-Lugar y fecha.

-Instancia de remisión.

-Identificación de los presuntos incumplidores.

-Pruebas y documentos que se puedan aportar para sostener la denuncia.

Además, cabe señalar que existe la opción de tramitar estas denuncias por correo electrónico. En resumen, vulnerar derechos recogidos en la LOPD puede ser constitutivo de infracción administrativa, por lo que los ciudadanos han de conocer los procedimientos de los que disponen para hacer valer los derechos en cuestión.

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