Adigital y la Agencia Española de Protección de Datos protagonizan un pacto normativo sin precedentes

Tanto la industria orientada a las nuevas tecnologías como la Agencia Española de Protección de Datos reconocen la necesidad de trabajar codo con codo en una nueva y efectiva regulación de las cookies.

El tratamiento legal de las cookies en la nueva normativa que el Gobierno pretende establecer sobre estos sistemas, y cuyas bases girarán en torno a la mayor protección de los datos personales, vendrá consensuado entre la propia industria de las telecomunicaciones y la Agencia Española de Protección de Datos, el máximo organismo relacionado con el asunto a nivel estatal.

Así lo ha anunciado la Asociación Española de Economía Digital, una enorme entidad que agrupa bajo ese nombre a empresas tan dispares y poderosas como el BBVA, Buyvip, Teléfonica, Iberdrola o El Corte Inglés. En este comunicado se ha hecho acompañar de otra asociación, Autocontrol, la Agencia Española para la Autorregulación de la Comunicación Comercial.

  El objetivo de este compromiso es que los socios de ambas entidades informen a los usuarios de forma clara y expresa sobre cómo se instalan y trabajan estas cookies, que se convierten, de facto, en unos enormes recaudadores de información. Recaudadores que, en muchos casos, podían llegar a plantear dudas jurídicas sobre su alineación o no con la legislación de protección de datos personales y el propio derecho a la intimidad.

Para conseguir de forma eficiente suplir estas carencias, que se cuentan usualmente entre las más demandadas ante cualquier consultoría de protección de datos o entidad jurisdiccional competente, estas asociaciones se han comprometido a trabajar en común con la Agencia Española de Protección de Datos. Fruto de ese esfuerzo común tiene previsto presentarse el próximo lunes el primer texto que, a nivel europeo, se elabora a cuatro manos entre la Administración y la industria.

Existen, por lo tanto, fundadas esperanzas de encontrarnos ante una norma de carácter eminentemente práctico, y que aproveche la experiencia para plantear una normativa serena y garantista. No obstante, también cabe el peligro de un articulado excesivamente apegado a los intereses de esa propia industria. Dentro de poco estas dudas serán desveladas.

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