Paquete Ómnibus Digital: la hoja de ruta europea para simplificar el cumplimiento digital

El entorno digital europeo se ha convertido en un auténtico laberinto normativo para empresas y organizaciones. Marcos regulatorios como el RGPD, NIS2, DORA o la futura Ley de Inteligencia Artificial conviven y, en muchos casos, se solapan, generando una carga de cumplimiento digital cada vez más compleja y costosa.

El entorno digital europeo se ha convertido en un auténtico laberinto normativo para empresas y organizaciones. Marcos regulatorios como el RGPD, NIS2, DORA o la futura Ley de Inteligencia Artificial conviven y, en muchos casos, se solapan, generando una carga de cumplimiento digital cada vez más compleja y costosa. 

Para dar respuesta a este escenario, la Unión Europea ha impulsado el Paquete Ómnibus Digital, una iniciativa estratégica orientada a simplificar y armonizar la normativa digital europea, reducir la burocracia y facilitar el cumplimiento normativo, sin renunciar a la protección de los derechos fundamentales.

¿Qué es el Paquete Ómnibus Digital y por qué surge?

El Paquete Ómnibus Digital es un conjunto de propuestas legislativas correctivas cuyo objetivo es “desenredar la maraña normativa” del Mercado Único Digital. 

En la práctica, el Ómnibus busca:

  • Simplificar obligaciones duplicadas.
  • Armonizar criterios entre Estados miembros.
  • Reducir la carga administrativa, especialmente en notificaciones y reportes.

Impacto directo en privacidad y RGPD

Uno de los ámbitos donde el Paquete Ómnibus Digital introduce cambios más relevantes es el de la protección de datos personales. La propuesta incorpora al RGPD materias que hasta ahora se regulaban de forma fragmentada a través de la normativa ePrivacy, mediante la introducción de los nuevos artículos 88a y 88b

Este cambio no crea un nuevo sistema de supervisión, pero sí tiene una consecuencia práctica muy importante: estos tratamientos pasan a quedar plenamente bajo el marco del RGPD, lo que implica la aplicación del mecanismo de ventanilla única ya existente. En la práctica, esto permite que las empresas con actividad en varios Estados miembros interactúen principalmente con su autoridad de control principal, evitando interpretaciones divergentes y gestiones paralelas en distintos países.

Junto a esta integración normativa, el Ómnibus introduce reglas técnicas claras y directamente aplicables, pensadas para reducir la incertidumbre operativa y reforzar la coherencia en toda la Unión Europea:

  • Respeto automático a la configuración del navegador: las organizaciones deberán atender las señales técnicas del usuario, como la opción “rechazar todo” en cookies, sin necesidad de mostrar avisos repetitivos.
  • Prohibición de reiteración del consentimiento: si un usuario rechaza el uso de cookies u otros tratamientos similares, no podrá volver a solicitársele el consentimiento durante un periodo mínimo de seis meses.
  • Ampliación del plazo de notificación de brechas de seguridad: el plazo máximo para notificar una violación de seguridad pasaría de 72 a 96 horas, ofreciendo más margen para analizar el incidente y comunicarlo de forma más completa y ordenada.

En conjunto, estas medidas buscan simplificar el cumplimiento, reducir fricciones innecesarias con los usuarios y reforzar el principio de responsabilidad proactiva. Esta orientación es coherente con los criterios que desde hace años viene defendiendo la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), especialmente en materia de minimización de datos, transparencia real y gestión basada en el riesgo.

 

Simplificación operativa: menos notificaciones, más claridad

La gestión de incidentes de seguridad es uno de los puntos donde más se evidencia la fragmentación normativa actual. En función del tipo de incidente y de la actividad de la organización, pueden entrar en juego distintas obligaciones derivadas del RGPD, la Directiva NIS2, el Reglamento DORA o incluso marcos nacionales como el Esquema Nacional de Seguridad. El resultado, en muchos casos, es un escenario complejo en el que una misma brecha debe notificarse a múltiples autoridades, con plazos, formatos y criterios distintos.

Actualmente, una brecha de seguridad puede obligar a comunicar el incidente de forma separada a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), a INCIBE y a los reguladores sectoriales correspondientes, lo que incrementa la carga administrativa y dificulta una respuesta coordinada. Frente a esta situación, el Paquete Ómnibus Digital propone la creación de un sistema de notificación centralizado a nivel europeo, basado en un único punto de entrada.

Este modelo permitiría que la organización realice una sola notificación, y que sea la propia plataforma europea la que redistribuya automáticamente la información a todas las autoridades nacionales y europeas competentes. El objetivo es claro: poner fin al reporte múltiple, reducir errores formales y mejorar la coordinación institucional en la gestión de incidentes de ciberseguridad.

Ajustes clave en la Ley de Inteligencia Artificial

El Paquete Ómnibus Digital también contempla ajustes relevantes en la aplicación de la Ley de Inteligencia Artificial (AI Act). Uno de los más significativos es el reconocimiento expreso del interés legítimo como base jurídica para determinados tratamientos de datos destinados al entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, lo que reduce la dependencia exclusiva del consentimiento explícito.

En la práctica, este cambio supone una evolución desde un enfoque basado principalmente en el opt-in —en el que es necesario solicitar autorización previa al usuario— hacia un modelo de opt-out, en el que la persona puede oponerse al tratamiento si así lo desea. Este planteamiento busca ofrecer mayor seguridad jurídica y viabilidad técnica a proyectos de IA que requieren el tratamiento de grandes volúmenes de datos, donde la obtención del consentimiento individual resulta, en muchos casos, inviable, sin eliminar por ello los derechos de oposición y control de los interesados.

Una oportunidad que exige estrategia

El Paquete Ómnibus Digital no elimina obligaciones, pero sí ofrece más coherencia, seguridad jurídica y eficiencia. Para las empresas, supone una oportunidad clara: revisar políticas, simplificar procesos y anticiparse a los cambios antes de que sean obligatorios.

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