El novedoso sistema Plataforma México presenta varias fallas legales que podrían atentar contra derechos fundamentales.
En los últimos meses se han venido conociendo informaciones sobre movimientos gubernamentales que atentaban contra el derecho a la intimidad personal. Tras los enormes escándalos que supusieron el “Caso Snowden”, que aun colea, y el conocimiento de que ciertas corporaciones colaboraban con la Agencia de Seguridad Estadounidense proporcionando datos personales de sus consumidores, ahora es el Gobierno del Estado Mexicano de Sinaloa el acusado de violar el Derecho a la Intimidad de sus ciudadanos.
El motivo es la puesta en vigor de una ley que crea la llamada Plataforma México, una especie de gigantesca base de datos gubernamental en la que tiene cabida toda la información relacionada con una persona, desde sus datos personales de carácter más público, como la dirección o filiación, hasta aquellos que pudieran parecer más insospechados, como sus antecedentes penales, las faltas administrativas en las que ha sido descubierto e incluso muestras de su ADN conseguidas en base a análisis sanguíneos.
Evidentemente la puesta en marcha de esta enorme base de datos ha supuesto un acusado esfuerzo económico para el gobierno sinaloense, y ha venido siendo contestado por diversas asociaciones. Entre ellas muchos profesionales del Derecho y miembros de alguna consultoría de protección de datos se han sumado a dicha protesta, al considerar la iniciativa como contraria a los derechos humanos. Se trata de un proyecto complejo, y de momento es difícil imaginar que esta iniciativa pueda extrapolarse a países como España con la consecuente adecuación a la LOPD. Al parecer el sistema Plataforma podría poner en riesgo informaciones pertenecientes a la privacidad de los ciudadanos por lo que varios profesionales estarían dispuestos a realizar una auditoría de protección de datos.
Evidentemente las anteriores afirmaciones deberán verse refrendadas o no en la práctica de lo que, en la actualidad, no es sino una versión apenas iniciada de dicha base de datos. Lo cual no es óbice para constatar cómo en los últimos tiempos la ciudadanía parece haber conectado con la importancia que su derecho a la intimidad tiene, poniendo cada vez más y más trabas legales a las pretensiones de algunos gobiernos por saltarse dichos derechos.
