Trabajadores de los juzgados de Alicante denuncian que cientos de expedientes se apilan por los pasillos del edificio. La lentitud de la Justicia es uno de los problemas más habituales que se señalan en el debe del funcionamiento de nuestro sistema judicial. Procesos que duran años hasta una primera resolución y que, en caso de agotar las vías de apelación, pueden extenderse hasta más allá de la década. Pero esta situación atenta gravemente, además, contra la protección de datos y la intimidad personal.
Así lo han denunciado los trabajadores del Juzgado de Primera Instancia número 11 de Alicante. En ese edificio la falta de un archivo con unas condiciones ambientales y de tamaño suficientes hace que los expedientes se vean amontonados en los propios pasillos. Evidentemente esto atenta contra la intimidad personal de todas las partes citadas en esos expedientes, puesto que cualquiera puede abrir uno al azar y consultar los datos allí consignados.
Esto es lo que han denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos un grupo de trabajadores del juzgado alicantino, representados por el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia. Aducen que se está incurriendo, al menos, en una falta administrativa, y que la propia Agencia deberá dictaminar si la tipificación de los hechos debe de ser aun más grave. A esta denuncia se han sumado otros usuarios de los juzgados alicantinos, como abogados y alguna consultoría de protección de datos.
En este Juzgado de Alicante entran, cada año, unos 3000 casos cuyos expedientes tienen la obligación de custodiar, en todos sus extremos, los trabajadores que allí desempeñan su labor. Es por ello que la imagen de oficinas y pasillos atestados de legajos judiciales no solamente resulta preocupante y descorazonadora para el ciudadano de a pie, sino también peligrosa y contraria a la ley. Sin duda un primer paso que podría marcar tendencia en el futuro para otros órganos administrativos que sufren idénticas condiciones.
