Los Secretarios Judiciales españoles advierten en un comunicado de la necesidad de poner al día la legislación relativa al Código Civil, con el fin de adecuarla a las nuevas tecnologías y garantizar una correcta protección de los datos personales.
En los últimos tiempos se ha venido hablando mucho en España de la incongruencia de contar con leyes muy antiguas que regulen situaciones de uso cotidiano y de gran importancia para la vida de los ciudadanos. La mayoría de las voces se han alzado en contra de la Ley Hipotecaria, que data del siglo XIX, y es vista por muchos como una de las causas de los desahucios en el país. No es, sin embargo, la única. Y es que aunque muchas leyes decimonónicas pueden perfectamente contar con vigencia actual (el propio Código Civil data de 1888) otras de aun menos antigüedad se han visto desbordadas y modificadas. Es el caso de la Ley del Registro Civil, que databa de 1958 y se modificó en 2011.
Sin embargo, la Unión Progresista de Secretarios Judiciales se ha pronunciado, a través de su portavoz Carlos Artal, a favor de que esta nueva ley tenga una aplicación estricta, con el fin de articular una doble esperanza. De un lado que el acceso al Registro Civil continúe siendo gratuito. De otro, que los datos allí contenidos, datos personales que se cuentan entre los más íntimos del individuo, sigan siendo gestionados por profesionales funcionarios.
Ello viene como respuesta a la negativa que plantearon hace pocas fechas los registradores de toda España para asumir la gestión del Registro Civil. Según Artal, asumida tal negativa, quienes deberían de ocupar esa plaza serían los secretarios judiciales, personal altamente cualificado y que, al resultar funcional, garantizaría el secreto de los datos personales del Registro Civil. Alertaba igualmente Artal de que la atribución forzosa a los registradores de esa función podía “acabar con la gratuidad del Registro Civil”, algo a todas luces inaceptable.
Lo cierto es que esta nueva modificación legal ha traído bastantes sombras, especialmente en lo relativo a su aplicación, y tanto cualquier consultoría de protección de datos, como abogados y asesores jurídicos se han mostrado desbordados por las continuas consultas que al respecto se han ido produciendo. Dudas que no hacen sino aumentar con esta nueva incertidumbre sobre quiénes serán los gestores de un servicio tan importante para un país como es su Registro Civil.
