Las hay que gestionan historiales médicos, que ayudan a los enfermos de diabetes tipo 1 y 2, que monitorizan el ritmo cardiaco, que cuentan los pasos que se dan, las calorías que se queman, que hacen un seguimiento de los lunares cutáneos, etc. Y es que en la actualidad el mercado de las aplicaciones móviles sobre salud está creciendo exponencialmente, pero ¿sabemos realmente quién tiene acceso a estos datos?
Una estimación es que, actualmente, existen unas 165000 aplicaciones móviles de salud, tanto para Android como Iphone y muchas de estas aplicaciones cuentan con softwares muy avanzados, que las hacen realmente útiles para algunas personas con diferentes patologías. Tan útiles que algunas ya son oficialmente recomendadas por profesionales de la salud o cuentan con acreditaciones de las diversas autoridades sanitarias.
El problema radica en que no hay (o no se conoce) un control sobre cómo los desarrolladores de estas aplicaciones gestionan estos importantes datos personales y en gran parte de los casos, estos datos se envían sin encriptar mediante redes inalámbricas como ha demostrado un estudio reciente, con lo cuál cualquier persona con mínimos conocimientos de informática es capaz de acceder a esta importante información personal o ser utilizados, por ejemplo, por cualquier empresa o aseguradora para comprobar el estado de salud de una persona.
En nuestro país, los datos sanitarios son considerados en el nivel de protección más alto que establece la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), estando altamente protegidos por ella, pues afectan a la intimidad de una persona, a sus derechos fundamentales y a sus libertades como persona. Cualquier empresa, profesional u organización que gestione datos personales debe, por lo tanto, adaptarse a todas las exigencias que establezca la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal(LOPD) y a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Informacio y Comercio Electrónico (LSSICE).
Por tanto, incumplir esta normativa está considerado como un delito grave, pudiéndose multar con penas entre 900 hasta 600.000 euros e, incluso, con el nuevo Reglamento Europeo, con hasta el 4 % de facturación de una empresa.
Los expertos en la materia creen que los peligros más importantes de este tipo de aplicaciones de salud son para los propios usuarios y que, en definitiva, depende del propio usuario de la aplicación, aceptar sus términos y condiciones. En este sentido, se debería hacer un esfuerzo por concienciar a los usuarios sobre la importancia de leer detenidamente los términos y condiciones de cada servicio que utilizan.
Mientras que unos piensan que no son necesarias nuevas normativas sobre protección de datos para este tipo de aplicaciones y que el reglamento europeo se ajusta a las necesidades actuales e impone severas sanciones a quienes las incumplan, otros expertos creen, sin embargo, que las actuales medidas de protección de este tipo de datos pueden haberse quedado antiguas y que sería necesario una revisión y modificación de la ley, adaptándose a los nuevos tiempos y tecnologías.
En cualquier caso, existe en la actualidad gran cantidad de centros y Consultoría de protección de datos especializados en el Derecho en Nuevas Tecnologías.
