La protección de las personas que informen sobre casos de corrupción se ha vuelto una prioridad para el Gobierno de España. Así lo demuestra el hecho de que, el pasado 13 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobase un proyecto de ley destinado a preservar su integridad. Así lo ha informado la portavoz y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. En Gesprodat queremos explicarte detalladamente qué medidas contempla.
Una exigencia de la Unión Europea
El pasado mes de marzo, el Gobierno de España ya aprobó una normativa al respecto. En concreto, pretendía dar amparo a los informantes de casos de corrupción contra posibles represalias. Asimismo, obligaba a las empresas privadas y públicas, así como a los ayuntamientos, a implantar canales informativos confidenciales y seguros para ellos.
El objetivo de este proyecto de ley es plasmar en el ordenamiento jurídico español lo previsto en la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo. En ella se trata de proteger a los informantes de infracciones que vulneren el derecho de la Unión Europea.
Las medidas contempladas por el proyecto de ley
En primer lugar, debes saber que los informantes tienen la posibilidad de elegir el canal de denuncia que prefieran. Podrán hacerlo en base a las circunstancias y los riesgos de represalias que consideren pueden existir.
Sin embargo, el objetivo de la ley será poner a disposición de los informantes la mayor cantidad de canales seguros que sea posible. En este sentido, las empresas y personas jurídicas en general que dispongan de más de 50 trabajadores estarán obligadas a establecer canales internos de denuncia. Asimismo, podrán compartirlos entre sí si lo estiman oportuno.
Los sindicatos, organizaciones empresariales, partidos políticos y fundaciones dependientes de estos órganos también estarán obligados a crear estos canales.
Otra de las novedades que incorpora esta Directiva, es que las ya mencionadas entidades obligadas a disponer de un sistema de interno de comunicaciones, ahora a su vez tienen la necesidad de nombrar un Delegado de Protección de datos competente para todos los tratamientos llevados a cabo incluido dicho sistema interno de comunicaciones.
Evidentemente, estos canales tendrán que ser creados a partir de lo dispuesto en la regulación de protección de datos de carácter personal y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Una cuestión de especial relevancia dado el carácter especialmente sensible de la información transmitida a través de ellos.
¿Qué sanciones prevé la ley?
El Gobierno de España ha prometido ser especialmente duro con aquellas empresas y organismos que no cumplan con lo dictaminado en la ley. Como es obvio, la cuantía de las sanciones contempladas dependerá de la gravedad de las infracciones cometidas.
En este sentido, Pilar Llop, actual ministra de Justicia, ha aclarado que dichas empresas y organismos podrán sufrir sanciones de hasta un millón de euros si se demuestra que han tomado represalias contra los informantes de casos de corrupción.
También contempla fuertes sanciones para todos aquellos que realicen denuncias sobre corrupción si tienen conciencia de que se fundamentan en información falsa. En caso de tratarse de una persona física, puede llegar a tener que hacer frente a una multa de hasta 300.000 €. En caso de ser una persona jurídica, el límite se fija también en un millón de euros.
En definitiva, el proyecto de ley recientemente aprobado por el Consejo de Ministros promete cambiar el panorama actual al que se enfrentan los informantes de casos de corrupción. Gracias a ellas, tendrán a su disposición canales seguros y confidenciales a través de los cuales realizar las denuncias que estimen pertinentes. Además, tendrán un respaldo legal que les protegerá de posibles represalias por parte de los denunciados. Sin duda, un paso adelante de cara a cumplir los compromisos con la Unión Europea en esta materia.
