La garantía de los derechos digitales fue aprobada por el Parlamento español a mediados de noviembre de 2018, unos meses después de que entrara en vigor el nuevo reglamento de protección de datos europeo (GDPR). Por eso, la celebración del Día Internacional de protección de datos, que tiene lugar cada 28 de enero, tuvo una especial repercusión en nuestro país en esta edición.
¿Qué aporta esta garantía a la nueva LOPD?
La adaptación del reglamento europeo a las leyes de protección de datos de cada país desembocó en la nueva garantía de derechos digitales en el caso de España. Este nuevo conjunto de normas está orientado a que el usuario pueda exigir más fácilmente la protección de su información más sensible, sobre todo aquella alojada en medios online.
Ahora, el usuario podrá saber de forma clara y sencilla cómo están siendo tratados sus datos, acceder a ellos o solicitar su borrado. También se reconocen los derechos al acceso, la rectificación y la supresión de los datos relativos a las personas fallecidas, que pueden ser ejercitados por familiares o herederos. La única limitación puede estar en que la persona en cuestión lo hubiera prohibido.
Con respecto a los menores, la ley baja de 16 a 14 años la edad mínima en la que puede darse consentimiento para la publicación de imágenes o datos personales. En el caso de que sean menores de 14 años, lo podrán ejercitar sus tutores legales.
Con respecto al sistema educativo, la ley refuerza este punto para que se garantice la formación de los jóvenes en el uso seguro de Internet, exigiendo a los profesores que tengan las herramientas adecuadas para enseñárselo a su alumnado. Hasta tal punto esto es importante que va a exigirse dicha formación en los currículos de selección.
¿Cómo afecta la nueva ley a las redes sociales?
La reducción de la edad de consentimiento que acabamos de mencionar incide especialmente en la relación de los jóvenes con las redes sociales. A partir de ahora, los niños con más de 14 años podrán exigir a los administradores de dichas redes la supresión de sus datos personales hasta borrar toda huella de los mismos.
El derecho al olvido ha sido una de las principales exigencias de los usuarios durante años, pero hasta ahora la ley no les había hecho mucho caso. Hay una excepción, que es cuando la información hubiera sido otorgada por terceras personas para fines domésticos o personales.
¿Qué pueden hacer los partidos políticos con tus datos?
Uno de los puntos más controvertidos de la nueva LOPD es que daba potestad a los partidos políticos para usar los datos personales que hubieran recogido de fuentes públicas o páginas web para mandar publicidad electoral. Eso sí, para dar ciertas garantías a los ciudadanos, la AEPD añade ciertos plazos y el deber de informar al usuario de que están utilizando sus datos. Este también tiene derecho a negarse, ya que la agencia considera que debe tratarse de una manera especial, al estar basado en el interés público.
Así, los límites que establece la AEPD son los dispuestos en la Constitución española, es decir, que el tratamiento de los datos personales por parte de los partidos políticos no debe violar derechos fundamentales de los ciudadanos, como las libertades ideológica, de información y expresión, el derecho a la participación política y el de la propia protección de los datos.
¿Qué más cambios hubo en la ley de protección de datos en 2018?
Otro de los cambios que se introdujeron en 2018 tiene que ver con el sistema de denuncias anónimas. A través de ellas se pretende poner en conocimiento de las autoridades a aquellas entidades que cometen actos lesivos contra la protección de datos.
Por otra parte, también queda modificado el uso de imágenes de dispositivos, como las cámaras de videovigilancia o de grabación de sonido en las empresas. A partir de ahora, es preceptivo informar al trabajador de forma explícita de la existencia de las mismas. Además, a la hora de redactar los fines de la grabación habrá que incluir si puede usarse con un objetivo sancionador. De no ser así, las grabaciones obtenidas no valdrán como prueba en un juicio.
El famoso fichero de morosos de la ASNEF también se ve afectado por la nueva normativa. A partir de ahora, se reduce de seis a cinco años el periodo máximo durante el que pueden mantenerse los datos de las personas deudoras. Además, si bien antes no había una cuantía mínima para entrar en esta lista, ahora se fija una cantidad de 50 euros.
En definitiva, el reglamento europeo surgió por una necesidad imperiosa de proteger los datos personales, sobre todo debido a la popularización de Internet y las redes sociales. El GDPR ha terminado sustituyendo, o modificando, nuestra actual LOPD, a la que se le añadió la denominada garantía de derechos digitales, que regula aspectos no tenidos en cuenta hasta ahora.
