El derecho al olvido es el que tienen los ciudadanos de la Unión Europea para solicitar a los motores de búsqueda de la red que eliminen los enlaces y resultados que puedan difundir información relacionada con su persona.
Este apartado del Derecho de las Nuevas Tecnologías fue reconocido a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 13 de mayo de 2014. En ese momento, se estableció que los datos de los motores de búsqueda también debían regirse por la regulación que afecta a la protección de datos de la Unión Europea.
Polémica en Francia
Ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estudia el caso de Francia. Todo comenzó cuando Google rechazó las solicitudes de eliminar los enlaces que remitían a la información sobre cuatro ciudadanos que tenían antecedentes penales. Los afectados denunciaron los hechos ante la Comisión Nacional de la Informática y de las Libertades, quien respaldó al gigante de Internet argumentando que se podían tratar datos de carácter sensible si tenían un interés periodístico, artístico o literario.
Después, los denunciantes llevaron el caso ante el Consejo de Estado de Francia, quien ha remitido la información al TJUE.
¿Qué hacer ante esta situación?
La polémica está servida al entrar en conflicto el derecho a la privacidad con el derecho a la información. Según los expertos de la consultoría en protección de datos, encima de la mesa están la protección de datos y el interés público. Hasta ahora eran los motores de búsqueda quienes establecían qué se puede considerar y qué no interés público.
En España son la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE) las que regulan la privacidad en la red. Sin embargo, la información cotiza al alza en internet, por lo que son los altos tribunales quienes han de establecer cuáles son los límites.
Cabe señalar que Google ha recibido millones de solicitudes de ciudadanos que se amparan en el derecho al olvido para que se eliminen los enlaces. Sin embargo, solo se acaban aceptando el 40 %. El buscador tiene a disposición de los usuarios la opción de eliminar el contenido que se indexa en las búsquedas, en cumplimiento con la normativa europea de protección de datos. Han de ser los usuarios quienes rellenen el formulario de la solicitud.
Cuando Google recibe la solicitud, la estudia para activar el protocolo de evaluación de la petición. Si opta por retirar la URL, en enlace se elimina de los dominios europeos relacionados con las búsquedas de Google, incluso se establecen señales de geolocalización para que no se pueda acceder al contenido.
El motor de búsqueda no facilita a los interesados unos plazos concretos para tramitar la solicitud. Hay casos en los que la respuesta llega en un día y otros en los que tarda más de un mes. Los expedientes relacionados con la protección de datos o la pornografía se resuelven más rápidamente que los que están vinculados al derecho al honor u otras cuestiones.
Ahora, será el alto Tribunal Europeo quien se pronuncie sobre el derecho al olvido y el interés público.
