La Agencia Española de Protección de Datos es el organismo estatal que vela por el cumplimiento de la LOPD y la LSSICE, dos leyes que configuran el armazón del Derecho de las Nuevas Tecnologías en nuestro país. El pasado 29 de junio hizo pública su Memoria 2016, donde se recogen sus actuaciones durante el pasado año. Y, a ojos de la Consultoría de protección de datos, de este texto pueden sacarse varias conclusiones sustanciosas.
Contratación irregular y ficheros de morosidad, lo más sancionado
La primera es que algo se está haciendo mal en dos aspectos que son los que han generado mayor número de sanciones (concretamente el 65 % de las mismas): la inserción en ficheros de morosidad y la contratación irregular, entendida esta última como la suscripción a un bien o un servicio realizada de manera engañosa para los clientes. Son estos, lógicamente, quienes han presentado las denuncias ante la Agencia y también lo han hecho en buen número con respecto al primer asunto.
En la inmensa mayoría de los casos, la protesta contra la inserción indebida en ficheros de morosidad se debió a que el denunciante afirmaba no haber contraído la deuda que se le reclamaba, sobre todo por parte de empresas de telecomunicaciones y entidades bancarias. En otros casos, el importe adeudado ya había sido pagado y lo que pedían era desaparecer de esos archivos, lo cual en términos legales se denomina derecho de cancelación o, más comúnmente, «derecho al olvido». Tanto en este tema como en otros aspectos se aprecia, igualmente, un mayor conocimiento de la ciudadanía, pues ha bajado el número de denuncias no admitidas por parte de la Agencia.
Sin embargo, la Memoria 2016 de esta también ofrece otros datos relevantes. Así y relacionado con lo anterior, que ha abierto un 23 % más de expedientes a empresas que durante el año anterior (2.826 frente a 2.293). Y también que la inmensa mayoría de ellos han sido para el sector privado, pues las entidades públicas tan solo han recibido 56 procedimientos por infracción. No obstante, todas estas entidades van conociendo mejor la nueva legislación, pues las sanciones económicas disminuyeron un 21 %. Por otra parte, en el terreno de las dudas que todavía suscita la legislación referida a este tema, cabe señalar que la Agencia recibió 237.000 consultas de los ciudadanos, un 8,5 % más que en 2015. Y también hay que reseñar que el pasado año se inscribieron en el Registro de Protección de Datos casi cinco millones de ficheros, de los cuales el 97 % eran de titularidad privada y el resto pública.
En conclusión, para las empresas que se dedican a la Consultoría de protección de Datos, merece destacarse sobre todo en esta Memoria 2016 de la Agencia, que los listados de morosidad y las contrataciones irregulares son las dos áreas más polémicas para los ciudadanos. Y también que, un año más y en estos ámbitos, se llevan la palma de las denuncias las sociedades de telecomunicaciones y las entidades bancarias.
