A menos de un año y medio para la implementación obligatoria del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) del bloque europeo, la Comisión Europea posiciona a España entre los estados con mayores avances en el proceso de adaptación de su legislación interna, gracias a su avanzada jurisprudencia en Derecho de Nuevas Tecnologías.
Esto se evidencia en la operatividad del sistema público de consultoría de protección de datos manejada por la AEPD, a través del Registro General de Protección de Datos de Carácter Personal; el cual, según las estadísticas publicadas para diciembre del año 2016, atendió 77.444 consultas de titularidad privada y 31.598 consultas de titularidad pública, registrando un total anual de 4.500.402 consultas atendidas.
Y es que la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) contempla en su artículo 14 el derecho de toda persona a consultar dicho registro, de forma pública y gratuita, para conocer los tratamientos realizados de datos personales, así como la finalidad e identidad de quien los realizó.
El ejercicio efectivo del derecho a una consultoría de protección de datos permite la integración legislativa vinculada con la materia, porque contribuye a velar por la observancia de leyes como la LSSICE, creada para la protección de los servicios de la sociedad de la información y relaciones comerciales de naturaleza electrónica.
Como es evidente, ante el auge de las TIC, las empresas y entidades, públicas y privadas, han integrado las nuevas tecnologías a su funcionamiento, originando interacciones que ofrecen resguardo de derechos como la privacidad, el acceso a la información y la seguridad, entre otros, que pueden resultar trasgredidos por un tratamiento no consensuado o un Data Breach.
Por lo cual, la eficaz aplicación de estas leyes españolas, de la mano de las consultas ciudadanas y una progresiva adaptabilidad del Derecho, protege el orden pacífico y legal de las relaciones que surgen por el uso de las nuevas tecnologías, mientras blinda a las instituciones con credibilidad y fiabilidad.
Ante este escenario, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) está abocada a promover la información y actualización respecto a las novedades que prevé el RGPD, con el fin de implantar una cultura de prevención en las Pymes, así como facilitar el acogimiento de las nuevas normativas por parte de todas las empresas, para evitar posibles sanciones una vez que resulte exigible el acatamiento del reglamento el 25 de mayo de 2018.
Además, el Ministerio de Justicia español abrió una consulta pública que finaliza el 28 de este mes (febrero), posibilitando la opinión participativa de ciudadanos y organizaciones respecto a los objetivos y pertinencia de reformar la LOPD, antes de la formulación de un anteproyecto que permita acoplarse al Reglamento.
Estas medidas e iniciativas, como son el estudio del RGPD realizado en el 2016 por la Fundación ESYS en aras de interpretar sus normas y solicitar la aclaratoria de ciertos puntos, conceden a las empresas españolas las herramientas necesarias para su correcta aplicación, aunado al hecho de que el RGPD no contradice a la LOPD, sino que la complementa y redefine en algunos conceptos. Esto permite afirmar que España está altamente preparada para una armónica adaptación legal y empresarial.
