La aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información en España (LSSICE) puede resultar costosa si no se cuenta con un equipo multidisciplinar y capacitado, sobre todo en entornos empresariales que exigen un cumplimiento exhaustivo y riguroso de la normativa.
En este sentido, cumplir con el derecho de las nuevas tecnologías constituye un requisito indispensable para evitar denuncias de los usuarios y sanciones de las Administraciones Públicas. Respetar el marco legislativo representa el gran reto de las empresas del siglo XXI, sobre todo en aquellas edificadas sobre cimientos tecnológicos.
Resulta evidente que los datos recabados a través de Internet ofrecen una información muy valiosa para las empresas. La ingente cantidad de información relacionada con los hábitos de consumo y de comunicación, así como sobre los orígenes sociales y demográficos de los usuarios, no se puede utilizar a la ligera por ninguna institución.
Contar con especialistas en Big Data -una de las profesiones más demandadas en la actualidad y de cara al futuro- para el procesado y la utilización legal de esas informaciones recopiladas en la web, es hoy más necesario que nunca.
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España ha endurecido su legislación en lo relacionado con la protección de datos, hasta el punto de convertir su normativa en una de las más exigentes del mundo. Revelaciones como las realizadas por Wikileaks o Snowden han puesto de relieve el peligro que corren los consumidores cuando facilitan sus datos personales a través de la red.
Los delitos más graves pueden recibir una sanción de 600.000 euros, una cifra suficiente para llevar a la ruina a más de una empresa.
Por todo ello, la consultoría en protección de datos puede resultar muy beneficiosa. Adecuar la actividad empresarial a la legislación vigente no supone, en consecuencia, algo voluntario sino una obligación.
