El historial clínico es un material muy sensible, por lo que el tratamiento de estos datos en la nueva era digital está comenzando a controlarse jurídicamente de manera muy restrictiva. Las leyes que regulan el Derecho de las Nuevas Tecnologías controlan un marco legal a veces desconocido.
Este es el servicio que, entre otros, presta una consultoría de protección de datos, la cual utiliza, sobre todo, dos leyes fundamentales: la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter General (LOPD) y Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE) .
Estas leyes, aplicadas a los datos sobre nuestra salud, tienen un tratamiento especialmente restrictivo. No solo evitan una simple infracción deontológica, como muchos piensan, sino una que está considerada, incluso, como un delito. Un delito que pudiera revestir el carácter de penal.
El personal sanitario (médicos, enfermeros, etc.) es el primero que debe rehusar, por lo tanto, fisgar en los historiales sanitarios, ya que, por su condición, está obligado a mantener esta confidencialidad.
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La privacidad afectaría a la intimidad del paciente y, por consiguiente, de la persona y esto vulneraría un Derecho Fundamental tipificado en la Constitución Española. Además, estos datos son muy relevantes y de especial sensibilidad, tal y como recoge la ley, y su mal uso y su revelación ya han sido juzgados en los tribunales españoles.
Existe jurisprudencia sobre este asunto: un delito de descubrimiento y revelación de secretos que protagonizó un médico. El médico fue condenado a más de dos años de privación de libertad, inhabilitación y multa.
La revelación de estos secretos está tipificada en el Código Penal, en su artículo, 197.1, e, incluso, establece que pudiera llegarse a una pena de hasta cuatro años de prisión, si esta praxis se produjese a través de unos procedimientos coactivos.
