Las peticiones relacionadas con el Derecho de las Nuevas Tecnologías no solo están llegando a cualquier consultoría de protección de datos con cierto prestigio, sino que también están teniendo repercusión en los medios de comunicación y las agendas gubernamentales. En este sentido, los incumplimientos relacionados con leyes como la LOPD y la LSSICE acaparan gran parte del protagonismo.
El sector de la telefonía móvil se está convirtiendo, en este aspecto, en foco de polémicas, como se pudo comprobar en la mesa redonda del Encuentro de las Telecomunicaciones.
A grandes rasgos, volvieron a plasmarse en público las diferencias existentes entre operadores (básicamente, compañías como Vodafone, Telefónica y Orange) y proveedores de OTTs (over-the-top content), los cuales se encargan del suministro de servicios y aplicaciones online (Google, WhatsApp, Twitter, etc.), y desarrolladores de sistemas operativos.
Tradicionalmente, las quejas de las compañías telefónicas se han centrado en exigir el pago de más impuestos a los proveedores por utilizar sus redes. Aparte, la demanda de una mayor interoperabilidad también ha sido recurrente.
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Estas reivindicaciones se han ligado, generalmente, a una petición de mayor regulación a los gobiernos. Se trata de unas demandas que no solo se realizan al gobierno español, sino también a las instituciones comunitarias.
En este sentido, se inserta la exigencia, por parte de los operadores, de un control más concienzudo de la protección de datos que han de llevar a cabo los proveedores. Sostienen que se les ha de aplicar a los proveedores la misma exigencia, en estos términos, que a ellos. Además, plantean que esta legislación comunitaria afecte también a las empresas que tienen su sede fuera de la Unión Europea.
En definitiva, estas denuncias de las compañías telefónicas suponen un cambio de estrategia. Un discurso menos agresivo en las formas, pero que persigue, sobre todo, paliar los efectos negativos que las dinámicas de los proveedores están produciendo en sus cuentas de resultados.
