Las empresas que se dedican a la consultoría y auditoría de la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos) y la LSSICE (Ley de Servicios de la Sociedad de Información de España) deben ponerse las pilas: el Senado ha dado luz verde a una nueva ley de Propiedad Intelectual. Según los expertos, esta modificación debilitará la gestión colectiva de la propiedad intelectual en España.
En este texto, según señalan desde el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), se devalúa el trabajo de los creadores y los editores y les impide obtener una remuneración justa por su trabajo. Algunas reproducciones que hoy son consideradas como copias privadas, pasarán a ser ilícitas.
La gran novedad que aporta esta ley es el régimen específico para el ámbito universitario
Esto deja en situación de desamparo a los usuarios de estos archivos, puesto que no estarán considerados dentro del marco legal, pero tampoco se podrán perseguir. No sabrán a qué atenerse. Y los titulares de los derechos quedan sin protección.
El reconocimiento de los derechos de los editores de diarios y revistas respecto a los agregadores de contenidos en Internet queda en el aire. La nueva norma no cuenta con las definiciones necesarias para que este derecho pueda llevarse a cabo con seguridad jurídica.
Además, esta nueva ley llega cuando el sector aún está trabajando en la adaptación a la LOPD. Un trabajo en el que muchas empresas están aportando grandes esfuerzos para cumplir con la norma.
La gran novedad que aporta esta ley es el régimen específico para el ámbito universitario. Garantiza la seguridad en el uso de copias de libros y otras publicaciones en esa comunidad, y a su vez, garantiza la remuneración justa a autores y editores. El resto de enseñanzas regladas se quedan fuera de esta normativa.
Esta norma ya nace con fecha de caducidad, puesto que el propio Gobierno dará una reforma más amplia en los próximos meses para adaptarse a la normativa comunitaria en materia de propiedad intelectual.
