El celo del ciudadano español hacia la protección de datos, especialmente cuando estos vienen referidos a su ámbito privado, es cada vez mayor. Al menos eso es lo que puede deducirse del aumento de denuncias generadas por esta materia en los últimos tiempos, en consonancia con la adaptación de las Administraciones Públicas a la LOPD. Precisamente la Administración es el ente más denunciado por intromisiones en el Derecho a la Intimidad, fugas de seguridad en bases de datos o, sencillamente, la publicación inadecuada de cierta información de carácter privado. Un buen ejemplo de esta nueva situación es el caso de A Coruña, donde las denuncias relacionadas con datos protegidos en la LOPD y la LSSICE se han triplicado en los últimos siete años.
Esta tendencia a ejercer una auditoría concreta sobre los propios datos personales también se ha visto en el incremento de denuncias en otras provincias, destacando por el volumen total de denuncias, las de Madrid. Incluso en algunos casos, como en el ayuntamiento de Ambite, se han procesado denuncias debido al interés de los vecinos por grabar los plenos municipales, que luego han sido elevadas ante la AEPD, previo paso por una consultoría.
Las causas de este incremento son muy variadas y van desde el mayor conocimiento que la población tiene sobre sus propios derechos en materia de protección de datos hasta la masificación de un medio de comunicación, como es internet, donde la protección de la intimidad puede estar más relajada en algunos sentidos. Lo que es seguro es que la tendencia al alza parece que se mantendrá durante algunos años y serán las leyes españolas, así como la nueva normativa europea, las que deban de adaptarse a los nuevos tiempos garantizando la protección.