El hecho de que en España sea la AEPD la encargada de discernir, en un primer momento, en relación a los conflictos planteados sobre la LOPD y la LSSICE, nos hace olvidar que son las autoridades judiciales quienes tienen que estudiar este tipo de asuntos en una vía posterior a la del ámbito administrativo. Pero esta realidad se hace cada vez más evidente dentro de la judicatura, algunos de cuyos miembros han comenzado a levantar la voz para opinar sobre la nueva realidad de la protección del derecho a la intimidad en Internet. La última opinión al respecto ha venido pronunciada por el juez Vázquez Taín, que ha incidido en la necesidad de que la protección de datos se centre más en cómo proteger a los pequeños consumidores frente a las grandes empresas.
Concretamente, se ha referido a las multinacionales, entes muy difíciles de controlar en materia de protección de datos y a los que el propio Estado accede con dificultad, como bien puede saber cualquier empresa dedicada a la consultoría sobre el tema. Sobre la forma de acceder a ese control de los datos manejados por empresas multinacionales, Vázquez Taín ha apuntado que este es posible, en base a unos medios de carácter tecnológico.
El único problema, concluía, es el elevadísimo coste que estos medios tendrían, pese a lo cual, y en atención al hecho de que los derechos a salvaguardar en estos casos son fundamentales, a su juicio se justificaría dicha inversión.
Lo cierto es que estas palabras, una verdadera auditoría sobre el estado de la cuestión en España, abren un debate en dos frentes diferentes de la protección de datos. El primero es la participación judicial en la misma, y el segundo es la justificación de una fuerte inversión económica para conseguirla. Datos a favor y en contra de ambas opciones en una discusión que no ha hecho sino comenzar.
