Durante los últimos tiempos el caudal de datos personales que accede a la Red es cada vez mayor. Todos ellos unidos acaban conformando una memoria digital sumamente precisa sobre todos los usuarios de Internet que puede resultar de gran interés para administraciones y particulares, y que se le da el nombre de Big Data. Esta gigantesca fuente de conocimiento se consigue mediante el uso de algoritmos precisos que permiten establecer tendencias de consumo o comportamiento, por ejemplo, sobre sectores poblacionales concretos, bien de una ciudad como Madrid, de una nación o de todo el mundo.
Pero, ¿deben estos Big Data ser considerados como Open Data? Es decir, ¿deben de tener todos los ciudadanos acceso a esta enorme base de datos? La respuesta no es en modo alguno sencilla, y a este respecto ya se han desatado multitud de opiniones enfrentadas. Muchas administraciones han intentado limitar el acceso a toda esa información debido al carácter potencialmente privado de muchos de los aspectos que se pueden recoger con ella, y que conculcarían la LSSICE y la ISO 27001, establecida de forma estandarizada como clave para la protección de datos digital ya desde 2005.
Frente a esta postura más conservadora se alzan algunas voces que abogan por el libre acceso a todos estos datos amparándose en la libertad de conocimiento. Atribuyen a este Big Data la posibilidad de crear una serie de sinergias positivas que podrían acabar siendo beneficiosas a corto plazo en factores de consumo, consultoría y ocio, y a largo en todo tipo de manifestaciones vitales.
Hay que señalar, sin embargo, que ambas situaciones hacen referencia a elementos alejados del usuario de a pie, ya que Big Data no es una base de datos que pueda ser procesada por cualquiera, sino que exige el acceso a una tecnología y un análisis de datos muy avanzados que quedan, forzosamente, fuera del alcance del usuario habitual.
