Si pensamos que la Ley Europea de Protección de Datos fue creada en 1995, y que existe una enorme diferencia entre las distintas legislaciones de los estados miembros en esta materia comprenderemos la necesidad de abordar una reforma sobre la misma. Los cambios sufridos por la sociedad desde ese año 95, especialmente la implantación definitiva de Internet y la decisiva aparición de las redes sociales, preocupan en Madrid y el resto de gobiernos de la UE, que llevan desde el año 2012 estudiando una nueva Ley de alcance europeo.
Esta nueva Ley acabaría con las normas nacionales, para implantar una superior para toda la Unión Europea. Ello, evidentemente, ha abierto fricciones entre los países miembros, que no quieren renunciar a una cota de poder sobre algo tan importante, y varias de las auditorias sobre lopd que se han abierto en los últimos meses han versado sobre este asunto.
En el caso español la obsesión es intentar evitar la llegada de la llamada ventanilla única, que haría que los conflictos con empresas internacionales habrían de dirimirse el país donde estén establecidas. Como dicta la experiencia de los últimos años en consultoría de lopd esos conflictos serían absolutamente mayoritarios, ya que el ámbito de la protección de datos ha basculado de forma definitiva hacía el ciberespacio, un lugar donde las relaciones internacionales son mucho más comunes.
La Agencia Española de Protección de Datos considera que esta situación inclina excesivamente la balanza a favor de los intereses de las empresas, por lo que intenta, a través del Gobierno, influir para la supresión o modificación de la misma en el futuro texto comunitario. En caso de no conseguirlo, podría suceder la paradoja de que un ciudadano de Valencia cuyos datos están siendo utilizados inadecuadamente por una empresa letona vea cómo el caso es dirimido en un tribunal de Riga.
