Las reformas presentadas a la nueva Ley de Seguridad ciudadana en el Senado buscan poner coto a la posibilidad de registrar a través de videocámaras las calles peatonales más concurridas.
La nueva Ley de seguridad ciudadana sigue su procedimiento legislativo intentando pulir los defectos con los que inicialmente había nacido. Y varios de estos defectos venían referidos a diversas infracciones que tenían que ver con la protección de datos personales.
Ahora ha sido el Senado el que, por medio de varias enmiendas, ha eliminado la posibilidad, inicialmente contemplada en la Ley, que tenían las empresas de seguridad privada de grabar libremente en las calles más comerciales de las grandes ciudades como Madrid o Barcelona.
De aprobarse estas enmiendas los vigilantes podrán detener a los viandantes únicamente en caso de flagrante delito, y no mediante la consulta de esas imágenes, como se recogía en el tenor literal inicial de la Ley. Además solamente podrán acceder a las imágenes, en su caso, mediante autorización judicial.
La Ley de Seguridad ciudadana ha sido contestada desde diversos sectores de la abogacía y la agencia de protección de datos por el escaso respeto que muestra en su cumplimiento escrupuloso con la LOPD.
Este último recorte al contenido inicial de la Ley debe de ser bien acogido por parte de la comunidad vinculada al Derecho a la intimidad, aunque no por ello debe hacer olvidar las llamativas vulneraciones que sigue incluyendo el proyecto de Ley.
