Una enorme fuga de datos personales deja al descubierto la intimidad de millones de ciudadanos mexicanos.
La protección de los datos personales es una materia especialmente delicada, cuya violación puede producirse de forma sistemática sin que el perjudicado llegue a enterarse de ello. Eso, al parecer, es lo que ha pasado en México, donde se ha tenido conocimiento recientemente de una norme fuga de datos personales.
Los hechos se han revelado cuando un denunciante advirtió de que en una página de Internet se ofrecían datos personales y privados de millones de ciudadanos mexicanos. Pronto las autoridades del país americano se dispusieron a cancelar dicha web, atajando de la forma más rápida posible una situación que, pese a todo, se desconoce desde cuándo llevaba produciéndose. Detalles como el domicilio, el número de teléfono o incluso su inscripción en el censo electoral estaban colgados en esa página, y a los mismos se podía acceder previo pago de un precio determinado. La misma página ofrecía servicios similares relacionados con otros países de Hispanoamérica, como Chile o Argentina.
Más allá de averiguar cómo pudieron llegar tales datos a manos privadas, y establecer por tanto dónde se produjo la inicial fuga de información, dos son los aspectos que más llaman la atención sobre este caso a expertos en protección de datos personales y seguridad de la información, como son letrados, expertos en consultoría y agencia de protección de datos.
El primero de ellos es la certeza de que ese sitio llevaba tiempo funcionando sin que se hubiera producido denuncia anterior. Es decir, que los datos personales de muchos ciudadanos estuvieron puestos a disposición de todos aquellos que quisieran adquirir dicha información, y esta situación se estaba llevando a cabo desde tiempo atrás. El segundo es el hecho de que existe la posibilidad cierta de que se produzcan fugas en la protección del derecho a la intimidad sin que el afectado llegue a enterarse más que forma fortuita, como ha sucedido en este caso. Esa inseguridad jurídica es lo que angustia al ciudadano, y su supresión debería de ser el camino a tomar en pos de optimizar los sistemas de protección del derecho a la intimidad.
