No es la primera vez que la Agencia Española de Protección de Datos pone el punto de mira sobre las cámara de vigilancia que hay repartidas por las calles de las grandes urbes. Si hace no mucho propuso retirar un total de 41 cámaras de seguridad de tres parques públicos y dos colegios de Alicante, ahora es Valencia la que está siendo vigilada de cerca. No obstante en la capital del Turia la situación parece distinta y la Agencia Estatal de Protección de Datos puede sembrar un precedente permitiendo la instalación de varias cámaras en algunos parques y calles comerciales de la ciudad.
La instalación de cámaras de seguridad en zonas públicas es un asunto conflictivo ya que pone en entredicho el derecho a la intimidad y a la propia imagen de los ciudadanos, bajo la premisa de salvaguardar la seguridad pública.
Después de cuatro años de trámites, el Consistorio valenciano ha aprobado la instalación de veinte cámaras de videovigilancia en el Jardín del Turia. En esta ocasión las cámaras cuentan con el visto bueno de la Comisión de Garantías de Videovigilancia, algo que no ocurrió en el caso de Alicante. Parece que esta vez existe una adecuación a la LOPD. En estos momentos el proyecto está a la espera de disponibilidad económica por parte de la Generalitat.
Por otra parte el Ayuntamiento de Valencia está trabajando, a petición de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, en un proyecto que contempla la colocación de varias cámaras en las principales vías comerciales. El objetivo es evitar y disuadir el vandalismo y la delincuencia.
La capital del Turia es una ciudad que está más que familiarizada con las cámaras, tanto es así que bien podría ser objeto de una auditoría por parte de alguna consultoría de protección de datos de Valencia. Por toda la ciudad hay más de 700 cámaras para controlar el tráfico, todas ellas conectadas con la Policía Local. En este caso la normativa es clara e inflexible, las cámaras solo se pueden usar para el control del tráfico, de hecho estas cámaras no son capaces de captar un ángulo de 360 grados. Aparte del tráfico, los principales edificios públicos también cuentan con sistemas de videovigilancia, aunque en muchos casos están gestionados por compañías privadas.
Parece que una vez más surge el debate entre el derecho a la intimidad y la seguridad ciudadana, ambos conceptos tan necesarios como a veces enfrentados.
