Que la economía global no pasa por su mejor momento no es ningún secreto. Debido a la situación de inestabilidad que atraviesa la sociedad en todo su conjunto, las protestas y reivindicaciones se han convertido en una constante. Una de las vías de presión más utilizadas por los colectivos es, sin lugar a dudas, la recogida de firmas. Las consultoras de protección de datos advierten de que tanto si es a nivel online como a pie de calle, el ciudadano debe tener en cuenta varios aspectos antes de facilitar sus datos personales.
La LOPD especifica en su artículo 5, entre otras cosas, que los interesados a los que se solicitan datos personales deben ser previamente informados de la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información. Asimismo se debe informar de las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos. Además debe existir la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Estos son algunos de los requisitos que nos deben dejar claros antes de facilitar nuestros datos.
La situación adquiere un cariz especial cuando se actúa a través de la red. Todas las iniciativas de recogida de firmas están reflejadas en el marco legal español, pero para que una firma tenga validez jurídica debe ser manuscrita, algo imposible a través de internet. No obstante se puede avalar una iniciativa legislativa popular con firmas electrónicas, y así lo dice la ley 3/84 Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular. Para que la firma electrónica tenga validez requiere de un certificado emitido por una entidad certificadora, que permita autentificar al firmante y validar el contenido que se firma. Un ejemplo es el e-DNI o la firma electrónica para la Declaración de la Renta.
La firma electrónica, como su propio nombre indica, es el equivalente electrónico de nuestra firma manuscrita. Para resumirlo de forma sencilla, la firma electrónica es un conjunto de datos que nos permiten acreditarnos y cerrar acuerdos por medios electrónicos, principalmente por Internet. Desde el año 2003, en nuestro país la firma electrónica tiene el mismo valor a efectos legales que la firma manuscrita.
