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La Agencia Española de Protección de Datos, tras los pasos de Google

El gigante norteamericano Google está siendo investigado por la Agencia Española de Protección de Datos, que sigue así el ejemplo de varias de sus homólogas europeas.

No corren tiempos fáciles para la mastodóntica empresa Google en lo que a su política de protección de datos personales se refiere. Si hace unos días se conocía la noticia de que la Agencia Española de Protección de Datos archivaba una denuncia contra la entidad Americana por el tratamiento que se daba a la privacidad en su servicio Google Earth, hoy el problema es aún mayor, y desde esa misma agencia se investiga a Google por su nueva política de privacidad.

Y no es ni mucho menos la española la única administración preocupada por el tratamiento de la privacidad por parte de Google. Bien al contrario, esta acción aparece coordinada con las autoridades de otros países de la Unión Europea, como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido.

 La nueva gestión de los datos personales de Google, implantada en el mes de marzo del año 2013, ha generado desde el principio polémica, y ahora será examinada por las agencias correspondientes de esos países, para constatar si respeta la legislación relativa a la protección de datos de cada nación y la europea. La investigación tratará temas tan fundamentales como la información y grado de control que oferta Google a sus usuarios sobre la gestión de datos, la forma de recabar los mismos por parte de la empresa y la duración del periodo de conservación de la citada información. Las empresas de gestión de protección de datos, como Gesprodat podrán conocer, terminada dicha investigación, de forma fiable y certera cómo se produce esa gestión por parte del gigante Google.

Por ahora no son más que diligencias previas, pero resulta de alto interés constatar cómo hasta las empresas más potentes deben de adecuar su gestión de los datos personales a las legislaciones nacionales, y, en caso de no hacerlo, ver cómo las autoridades competentes se alzan en pos de la defensa de los derechos de sus ciudadanos.

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