La Unión Europea está trabajando en un nuevo reglamento de protección de datos, que verá la luz en primavera. Entre las áreas que aborda la normativa se encuentra el tan controvertido derecho al olvido de Internet (una de las grandes batallas de toda consultoría de protección de datos), la seguridad de los menores en las redes sociales y la obligatoriedad de que las empresas que tratan información cuenten con un delegado de protección de datos (DPO), cuyo trabajo principal será el de vigilar que se cumplan todas las normativas recogidas en la LOPD y LSSICE.
A vueltas con el delegado de protección de datos
Lo que ocurre es que la normativa no define con detalle qué empresas deberán contar con la figura del delegado de protección de datos (DPO, por sus siglas en inglés), ni tan siquiera señalan su figura y sus funciones.
Según la normativa de derecho en nuevas tecnologías que se está preparando, las empresas que deberían contar con esta figura son aquellas cuyas actividades sean sometidas a una monitorización periódica por su naturaleza, alcance o finalidad. Es decir, conceptos que dejan muchísimo margen a la imaginación.
[Tweet «El trabajo principal del DPO es vigilar que se cumplan las normativas recogidas LOPD y LSSICE.»]
Según el presidente de la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP), Ricard Martínez, será el European Data Proteccion Board (un organismo de nueva creación) el encargado de fijar los criterios a instancias de las agencias nacionales. De lo contrario, habrá que recurrir a los tribunales.
Se trata de delimitar la figura del delegado de protección de datos, cuál debería ser su formación y los conocimientos que debe adquirir para poder desempeñar su labor en las mejores condiciones posibles. Sin duda, un paso previo al que sería importante precisar la homologación de un sistema a nivel de la Unión Europea que permitiera acreditar las competencias del delegado de protección de datos. Así no habría confusiones entre las distintas empresas y los distintos países.
