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El sistema de identificación que usa la Guardia Civil es legal, según la Agencia Española de Protección de Datos

3189552416_c2bf9164d0La AEPD subrayó la legalidad del sistema de identificación personal que usa la Guardia Civil, cerrando un debate sobre el mismo que diversos grupos políticos habían propiciado recientemente. Los límites entre diferentes derechos fundamentales son, con frecuencia, motivo de fricciones y lagunas que deben de ser resueltas en Derecho por el organismo competente en cada caso. Y una de esas fricciones es la que, desde siempre, se ha mantenido sobre cómo establecer hasta donde llega el derecho a la seguridad personal y dónde comienza a colisionar con el derecho a la intimidad personal.

Recientemente la Agencia Española de Protección de Datos se ha pronunciado sobre este extremo, concretamente en relación al sistema de identificación facial utilizado por la Guardia Civil. El mismo había sido criticado duramente por algunos grupos políticos con representación parlamentaria, que lo tachaban de inconstitucional.

Ello instó a la AEPD a pronunciarse al respecto, como efectivamente lo ha hecho en un reciente dictamen, que reconoce la legalidad de dicho sistema. Según la Agencia las identificaciones que se hacen al amparo de dicho método son muy determinadas y no se realizan de forma indiscriminada ni con especial incidencia sobre algunos grupos sociales, políticos o económicos. Además, continúa el dictamen, no existe un procedimiento común para identificar personas, que podría conculcar el derecho a la intimidad reconocido en la Carta Magna, sino que el mismo se adecua a cada caso concreto. Un procedimiento que resulta, concluyen, sumamente útil no sólo para prevenir y resolver delitos, sino también para buscar a personas desaparecidas con mayor eficacia.

Un dictamen muy claro, pero que admite múltiples interpretaciones, por cuanto los sistemas de identificación derivados de técnicas de seguimiento público resultan uno de los espacios más polémicos en toda la materia de protección de datos, y uno de los que con mayor frecuencia aparecen en cualquier consultoría de protección de datos o despacho de abogados.

Sin duda es una resolución cuyas consecuencias se verán, de forma práctica, en los próximos meses.

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