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Nuevo Reglamento

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Las recomendaciones para la protección de datos personales del Parlamento Europeo

La protección de los datos personales constituye una salvaguarda de seguridad para los intereses de los ciudadanos en la que todos los actores que tienen algo que ver en su manejo han de estar implicados.

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La libertad de expresión recogida en el RGPD

El derecho a la libertad de expresión e información viene recogido en el Reglamento General de Protección de Datos y expresa la necesidad por parte de los Estados miembros de la Unión Europea de conciliarlo con el derecho a la protección de los datos personales; incluyéndose, por supuesto, el tratamiento de los datos con fines periodísticos, de expresión académica y de difusión artística o de tipo literario.

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Cómo llevar a cabo la protección de datos de pacientes

La protección de datos de pacientes es algo conocido por todos. Ningún profesional sanitario puede revelar datos médicos de sus pacientes de ninguna manera. Ya sea hablando con otra persona o publicándolos en algún medio. Esto está totalmente prohibido por el código deontológico de todos los profesionales de la salud, así como por la ley.

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La protección de datos en el email marketing

A la hora de hacer una campaña de email marketing conviene tener en cuenta  las normas que regula el Reglamento General de Protección de Datos, la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE).

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El typosquatting: definición y peligros

En este texto se va a analizar en qué consiste el fenómeno del typosquatting, un concepto que, aunque incurra de vez en cuando en él (de manera claramente involuntaria), el usuario medio de Internet ignora. Un concepto para el que el Derecho de las Nuevas Tecnologías aún no ha creado instrumentos que permitan ofrecer una respuesta eficaz.

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Los derechos de los ciudadanos en el Reglamento General de Protección de Datos

Los derechos ciudadanos en protección de datos se rigen por lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) de 1999 y en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE) de 2002. Tradicionalmente, los derechos ARCO se referían a los de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición.

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Protección de datos: contratación de servicios financieros

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha decidido lanzar inspecciones para comprobar que en la contratación de servicios financieros las empresas y entidades cumplen con lo establecido en la LOPD y la LSSICE. Ambas leyes son la referencia a seguir en el Derecho de las Nuevas Tecnologías en España.

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La AEPD y la protección de Big Data

Las posibilidades inherentes a las tecnologías Big Data se plasman en la consecución de valiosos beneficios sociales y económicos. Pero proyectos de esta índole, cimentados en el procesamiento de ingentes cantidades de datos personales, exigen un despliegue de medidas dirigidas a coartar la proliferación de prácticas ilícitas por abusivas o carecer de cobertura legal.

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Las pymes ante el RGPD

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) son una abrumadora mayoría de las empresas españolas, pues su porcentaje en este ámbito supera ampliamente el 90 %. Suman más de tres millones y medio de organizaciones y dan ocupación a millones de autónomos y empleados contratados. Respecto a cuestiones de protección de datos, suelen recurrir a las consultorías, empresas que contribuyen a su puesta al día en materia del Derecho de las Nuevas Tecnologías. Este se vertebra, en España, a través de la LOPD y LSSICE.

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La adaptación al Reglamento General de Protección de Datos tiene premio de la AEPD

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) constituye la institución garante de la protección de datos personales de los ciudadanos españoles. Su marco jurídico es el Derecho de las Nuevas Tecnologías, el cual, en el territorio español, se enmarca en dos leyes fundamentales: la LOPD y LSSICE. Asimismo, hay entidades privadas, como cualquier consultoría de protección de datos, que contribuyen a que la población pueda beneficiarse de la protección de estos derechos.

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